Dos noticias llegaron de Washington en el mismo mes de marzo, y muy pocas empresas ecuatorianas las leyeron juntas.
La primera: el Representante Comercial de EE.UU. firmó el Acuerdo de Comercio Recíproco con Ecuador (el ART), un hito diplomático para un país que llevaba años sin acceso preferencial al mercado estadounidense. El acuerdo libera el 53% de las exportaciones no petroleras hacia EE.UU., equivalente a USD 2.786 millones según datos de 2025, e incorpora 1.673 subpartidas adicionales a las ya exoneradas, entre ellas banano, cacao, pitahaya, piña, flores, productos pesqueros y minerales estratégicos.
La segunda: ese mismo mes, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. inició investigaciones bajo la Sección 301 por trabajo forzado contra los 60 principales socios comerciales de ese país. Ecuador está en el número 16 de esa lista.
Leídas por separado, la primera suena a victoria y la segunda a ruido administrativo. Leídas juntas, describen la lógica real con la que Washington opera en este momento: el ART es el caramelo, y la Sección 301 es el garrote. El acceso preferencial que Ecuador acaba de ganar puede quedar neutralizado antes de que produzca su primer resultado concreto.
El mecanismo que produce daño real
La investigación por trabajo forzado no requiere una condena para generar consecuencias. El solo hecho de estar bajo investigación activa cambia el comportamiento de los compradores estadounidenses: los departamentos de compliance de las cadenas de supermercados, los importadores de camarón y los distribuidores de flores no esperan a que haya un fallo. Reaccionan al riesgo reputacional antes de que haya certeza jurídica.
El sector camaronero (USD 729 millones en enero de 2026, crecimiento del 22,2%) es el de mayor exposición. Y su situación es doblemente compleja: el camarón no forma parte de los productos beneficiados por el ART, pues sigue afectado por la sobretasa del 10% vigente bajo la Sección 122. Es decir, el sector más expuesto a la investigación es también el que queda fuera del paraguas de protección del acuerdo. Reportes de agencias internacionales han señalado en años anteriores vulnerabilidades en las condiciones laborales en segmentos de la cadena de producción. Eso es exactamente el tipo de evidencia que la Oficina del Representante Comercial busca recopilar en estas investigaciones. Los comentarios escritos tienen fecha límite el 15 de abril de 2026. Las audiencias públicas comienzan el 28 de abril. Para el 24 de julio (cuando vence la Sección 122) podría tener una determinación lista.
Seis semanas para ponerse al día
No hay tiempo para procesos lentos. Las empresas exportadoras con ventas hacia EE.UU. deben hacer tres cosas antes del 15 de abril: primero, auditar internamente su cadena de proveedores y documentar las condiciones laborales en cada eslabón, no solo en su propia planta. Segundo, verificar si su gremio sectorial (CNA para el sector camaronero, AEBE para el bananero) tiene posición formal preparada para presentar ante la Oficina del Representante Comercial. Tercero, revisar si los contratos vigentes con compradores estadounidenses contienen cláusulas de compliance que podrían activarse ante el inicio de una investigación, independientemente del resultado final.
El ART puede ser la mejor noticia comercial de Ecuador en una década. Pero solo si se llega al 24 de julio con la cadena laboral en orden.